Es bien conocida la precariedad existente en el área de la I+D+i en España, precariedad que se refleja en la poca estabilidad de los profesionales de este campo y en la falta de recursos para combatir situaciones imprevistas en nuestro país. En épocas de crisis, estas carencias salen a flote y dejan en evidencia a gobiernos y empresas por igual, mostrando una falta de previsión y planificación que podrían llevar a cualquier país a su ruina. Pero estas épocas de crisis también sirven como toque de atención, como aviso de que las cosas pueden, y deben, hacerse mejor, generando, como si de una Ley de Newton se tratara, una acción-reacción capaz de mejorar la situación en la que se encuentra inmersa un país. Una de estas circunstancias excepcionales ha sido la provocada por la COVID-19, la cual se ha visto reflejada en un aumento de la inversión dedicada a la ciencia e investigación gracias a los fondos europeos procedentes del plan de reconstrucción, un total de 1,8 billones de euros para ayudar a reconstruir la Europa posterior a la COVID-19, que será más ecológica, digital y resiliente.
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha acordado un Pacto por la Ciencia y la Innovación con varias de las organizaciones españolas más representativas de la ciencia, las universidades, las empresas y los sindicatos. Este pacto refleja una serie de compromisos enfocados a mejorar la ciencia e innovación en España, incrementando, entre otros puntos, la inversión pública en I+D+i. La investigación aplicada, el desarrollo y la innovación (I+D+i), representan tres pilares fundamentales a la hora de mejorar la competitividad de los países a nivel europeo, y es bien conocido que una sociedad en evolución requiere de grandes inversiones en conocimiento, algo que la I+D+i hace posible.
Como bien se indica en el documento publicado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, “La competitividad y la productividad del tejido económico depende, casi en exclusiva, de la cantidad de conocimiento avanzado incorporado por la actividad productiva y, por ende, de su continua renovación”. Este “conocimiento avanzado” no se genera de manera espontánea, sino que es fruto de un esfuerzo continuado en distintos ámbitos tales como las ciencias naturales, sociales y humanas. Estos esfuerzos no solo generan conocimientos en sus campos correspondientes de investigación, sino que permiten el avance de otros sectores y campos que, a priori, podrían parecer ajenos a los mismos. Sirvan de ejemplo descubrimientos, bien por error o por fortuna, como la penicilina, el microondas, el velcro, la Coca-Cola, la viagra (descubierta, por cierto, por Pfizer, una compañía que a buen seguro habrán oído mencionar en la actualidad de la pandemia) o la radioactividad. Sea como fuere su descubrimiento, es indiscutible el efecto que estos tuvieron sobre el mundo y en cómo contribuyeron a la transformación del mismo hasta llegar al que hoy conocemos.
Existe una relación clara, y bien documentada, entre aquellos países donde no existe una apuesta clara por la I+D+i, con zonas de economías de escaso valor añadido y una obsolescencia tecnológica importante. La zona de Baviera, Suecia, el sureste de Francia e Inglaterra o la región de Bélgica y Países Bajos son las que mayores niveles de I+D presentan en el continente europeo. No es casualidad que en buena medida coincidan con los países y zonas que generan un mayor valor añadido para el continente. Por el contrario, el gasto en Investigación y Desarrollo en España en 2018 equivalió al 0,52% de su PIB, una cuarta parte del 2,07% que se destinó de media en la Unión Europea (UE). Por ello, este pacto tiene como propósito principal incrementar de forma razonable la inversión pública necesaria tanto en ciencia (centros de investigación, universidades y otros actores del sistema) como en innovación, para alcanzar la media de inversión de la UE en I+D+i
La Comisión Europea ha marcado como meta para 2030 que los estados miembros inviertan, al menos, un 3% del PIB en I+D+i y donde la inversión pública represente un 1,25% del PIB, con el objetivo de atraer y retener el talento y garantizar el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
El pacto, se fundamenta en tres pilares principales:
- En primer lugar, se trata de asegurar la financiación pública a medio y largo plazo para alcanzar la media de la inversión pública a la I+D+i en la Unión Europa, estableciendo objetivos concretos tales como que la financiación pública en I+D+i se sitúe en 0,75% del PIB en 2024 y alcance la cifra mencionada del 1,25% del PIB en 2030. También se pretende reforzar las políticas públicas de transferencia de conocimiento y de innovación empresarial, prestando especial atención en las PYMES.
- En segundo lugar, dotar de independencia y de los recursos y medios suficientes a las agencias financiadoras de la I+D+i en España tales como la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el CDTI o el Instituto de Saludad Carlos III (ISCIII). Se trata, por tanto, que su funcionamiento esté basado en la excelencia científica e innovadora que garantice la coordinación entre organismos y una dirección estratégica común.
- Por último, el pacto propone consolidar una carrera investigadora pública estable y promover una mayor incorporación de personal científico en las empresas. De esta manera, se persigue consolidar una carrera pública estable para el personal investigador y técnico a través del aumento de recursos públicos para la incorporación y formación de I+D+i en empresas.
Gracias al empujón económico procedente de la Unión Europea será posible dar un impulso a la I+D+i en España, teniendo siempre presente que, para que se produzca verdaderamente el cambio que se ha comenzado a gestar, éste deberá ser concebido como un plan a largo plazo. Es importante que este cambio no nazca y muera fruto de una situación puntual como la vivida, sino que sirva para cimentar unas bases de cambio realistas que permitan construir nuevas políticas en materia de I+D+i, y que España pueda situarse, por fin, en la cabeza de los países europeos más innovadores.
